Consecuencias de la aplicación del TTIP. Estudios comparados
Los cuatro estudios de los que se vale la Comisión Europea para establecer sus juicios ‘ex ante’, y que provienen de actores cuya independencia es ciertamente dudosa, coinciden en predicciones poco ambiciosas.
En cuanto al comercio transatlántico prevén un aumento, en el caso de la UE este es en gran medida al precio de una pérdida del comercio Intra-UE (hasta el 30%) lo que se traduce en un crecimiento del PIB modesto, de no más del 0,3% al 1,3% en diez años.
En relación al aumento en las rentas, el estudio más optimista plantea un incremento para el periodo hasta 2027 de 12.300€ y el menos optimista establece un aumento anual de 545€. En este sentido conviene recordar que el aumento del PIB no comporta automáticamente un aumento equilibrado de las rentas, ya sea entre el capital y el trabajo, ya sea en este último caso, entre los diferentes segmentos salariales.
En relación al empleo la versión más optimista de uno de los estudios establece la creación de 2 millones de empleos, mientras que en la versión más detallada el escenario que se considera más plausible reduce la previsión a 124.000 empleos.
Las divergencias entre los diferentes estudios demuestran que frente a los aranceles, el cálculo científico del ahorro que pueden comportar las desregulaciones, es especialmente complejo.
Por ejemplo hay que añadir la dificultad de establecer el impacto de la desregulación a corto y a largo plazo, con los costes que pueda comportar a nivel social, laboral y/o medioambiental. A esto hay que sumar la dificultad de cuantificar los efectos de la desregulación en un marco macroeconómico global y dinámico.
Los cuatro estudios utilizan una metodología parecida que es la del Equilibrio General Computable, que asume que toda liberalización comporta automáticamente un reequilibrio macroeconómico. Así se supone que los sectores más competitivos absorben los recursos de aquellos más presionados, y se obvian las consecuencias que el reajuste tiene en términos de demanda interna.
Los ajustes que serán necesarios llevan asociados unos costes que deberán afrontar. Y aunque algunos sectores aumenten la empleabilidad, la transferencia no es automática, se precisará formación y ello implica de nuevo costes y medidas preventivas, que de entrada no se contemplan en el tratado.
Si se recurre a estudios que utilizan otros modelos, como el Global Policy Model de Naciones Unidas los resultados son muy diferentes. Este modelo econométrico se basa en un conjunto de datos macroeconómicos que se establece por países y áreas.
Prevé, por ejemplo, que si todos los países basan sus estrategias de crecimiento en la exportación, el flujo comercial neto se reduce, o que, en base a datos recogidos a lo largo de décadas por la OIT, la relación entre el crecimiento del PIB y el del empleo no es constante. Este modelo considera que en un escenario TTIP la presión sobre la balanza comercial se puede trasladar a los salarios lo que comportaría una reducción de la participación de las rentas del trabajo en el PIB aún superior a la actual, y por tanto una reducción de la demanda agregada. La pérdida de capacidad adquisitiva por parte de los asalariados puede incitar a un nuevo endeudamiento, que podría ser fomentado en el marco de una nueva desregulación financiera transatlántica.
Estudios que aplican el modelo de NNUU como el publicado recientemente por la Tufts University muestran unos resultados bastante menos optimistas que los que ofrecen aquellos encargados por la Comisión Europea. A pesar del aumento del volumen comercial, el TTIP comportaría una pérdida neta en los ingresos por balanza comercial para las economías europeas, con un descenso de la actividad económica, especialmente en los sectores de bajo valor añadido. Se perderían así 600.000 empleos hasta 2025 y los salarios per cápita podrían bajar entre 165 y 5.000€. Esta pérdida de actividad se traduciría en la reducción de los ingresos fiscales y una mayor presión sobre los sistemas de seguridad social.
Los estados se verían confrontados con un escenario negativo en el que se sumarían diversos factores. Por un lado la desaparición de los aranceles supondría un coste de 20.000 millones de euros en 10 años a los que habría que sumar el coste que supondría la pérdida de empleo, tanto en el pago de prestaciones (entre 5 y 14.000 millones), como en la pérdida en ingresos por cotizaciones e impuestos (entre 4 y 10.000 millones). A esto habría que añadir lo que se dejaría de ingresar por otras regulaciones (fiscales…) y también las posibles indemnizaciones que pueda comportar el TTIP en el marco de la protección a las inversiones.