La Comisión Europea propuso crear un ‘Consejo de Cooperación Regulatoria’. Fuentes de la Comisión definen este órgano como un órgano de cooperación intergubernamental cuyo objetivo es interactuar con la sociedad civil. Esta definición queda en entredicho si nos adentramos un poco más en este consejo y en la intrahistoria del TTIP y el papel preponderante de los lobbys empresariales en sus comienzos.
Surge al insistir el gobierno estadounidense en conceder más poder a las empresas a la hora de establecer normativas reguladoras a los dos lados del Atlántico.
Así, este consejo no sólo controlaría la aplicación de los compromisos existentes en materia de desregulación sino que daría a las empresas la posibilidad de escoger y eliminar otras normativas una vez finalizadas las negociaciones del TTIP, así como ser notificados sobre las proposiciones de normativas nuevas antes de su introducción para eliminar las restricciones no deseadas sobre actividades comerciales.
En palabras literales tomadas de la posición de partida negociadora por parte de la Comisión se trataría de buscar “un procedimiento racionalizado para enmendar anexos sectoriales o añadir nuevos del TTIP mediante mecanismos simplificados que no requieran procedimientos nacionales de ratificación.”