Diagnóstico previo sobre el TTIP
Es muy real el riesgo de que el TTIP contribuya a una degradación de la legislación laboral, social y medioambiental de la UE y de sus Estados así como a favorecer la privatización de sus servicios públicos.
Este riesgo se basa, entre otros motivos, en:
a) EE UU no ha ratificado la mayoría de los convenios fundamentales de la OIT.
b) El TTIP puede promover una convergencia regulatoria a la baja, gestionada por las empresas multinacionales, en campos como la salud y la seguridad de las personas trabajadoras y consumidoras y la protección medioambiental.
c) La protección de las inversiones a través de un mecanismo específico de resolución de disputas colocaría a las legislaciones y tribunales nacionales (y europeos) en una posición subordinada.
d) La falta de garantías de igualdad salarial y de condiciones de trabajo en los contratos de prestación de servicios.
e) Puede propiciarse la privatización de servicios públicos y la anulación de las cláusulas sociales en los contratos públicos.
f) Se dificultarían las regulaciones avanzadas de los servicios financieros.
El Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP), comporta el riesgo de que, al margen del marco geopolítico, se consolide una nueva bipolaridad. Una que enfrente no dos modelos diferentes de sociedad o los intereses opuestos de dos áreas de la economía global, sino dos voluntades antagónicas: La de la ciudadanía que pretende ser dueña de su propio destino, y la de las grandes corporaciones que luchan de manera implacable, por introducir su propia lógica en la soberanía popular.