Servicios Públicos
La Comisión Europea aduce que el TTIP llevará una cláusula sobre exclusión de servicios ‘proporcionados en el ejercicio de autoridad gubernamental’, mientras el gobierno estadounidense ya ha anunciado que “cuestionará el funcionamiento de cualquier monopolio designado”.
Queda por ver además lo que entiende la Comisión bajo este concepto porque es de temer que finalmente se refiera tan sólo a aquellos servicios asociados a la seguridad, como el sistema judicial, la vigilancia de fronteras o el control del tráfico aéreo.
La situación de los servicios públicos será especialmente vulnerable si finalmente las exclusiones no se rigen según una lista ‘positiva’ en la que se enumeren los sectores abiertos a la competencia, sino que se impone el criterio de fijar una lista ‘negativa’, en la que se señalen los sectores que quedan excluidos de esta.
En el caso del acuerdo con Canadá se ha adoptado el planteamiento de la ‘lista negativa’, en el que tan sólo se libran de la liberalización aquellos sectores que hayan sido señalados expresamente como excepciones (frente a la ‘lista positiva’ en la que se enumeran los sectores abiertos a la competencia).
Si se incluyen en el TTIP las medidas de protección a los inversores, estos podrán demandar a los países donde inviertan por las pérdidas de beneficios que pueda ocasionar la reversión de privatizaciones ya hechas (ejemplo: Eslovaquia, 2006 gobierno de izquierdas limitó la impopular privatización de los servicios sanitarios. La empresa holandesa Achmea se embolsó 29,5 millones de euros a modo de indemnización e impide ahora que el gobierno eslovaco establezca un sistema de cobertura sanitaria pública para toda la ciudadanía del país).
En este punto es importante al Acuerdo sobre el Comercio de Servicios, conocido como TISA, que está siendo negociado actualmente por 23 partes (contando a la UE como una) y cuyo objetivo es ampliar el alcance y las normas del Acuerdo General sobre Comercios de Servicios (AGCS) en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Esta nueva red de acuerdos profundiza el poder corporativo porque limita la capacidad de los gobiernos democráticos de regular por el bien común y abre los servicios gubernamentales al ánimo de lucro privado.
La Internacional de Servicios públicos subraya cómo el TISA prohibiría que las privatizaciones fallidas fueran devueltas a manos públicas y limitaría la capacidad de los gobiernos de regular los servicios públicos privatizados y otros ámbitos de interés público, como las leyes para proteger a los/as trabajadores/as, los/as consumidores/as, las pequeñas empresas y el medio ambiente.
A diferencia del AGCS, las negociaciones del TISA se están llevando a cabo en secreto y las partes se niegan a divulgar el texto de la negociación o los documentos de soporte. Algunos países han publicado documentación limitada acerca de sus ofertas (por ejemplo, Suiza y la UE).
Según la Internacional de los Servicios Públicos (ISP), la propuesta del TISA supone que los servicios de la salud son una mercancía como cualquier otra que puede ser manejada por el mercado. La comercialización de los servicios de la salud ignora los aspectos relativos a la salud pública e incrementa las desigualdades.
Los beneficios potenciales para los intereses corporativos procedentes de la privatización de los servicios de salud públicos son enormes. El promedio ponderado del PIB que se destina a los servicios de atención de la salud en los 50 países que participan en las negociaciones del TISA es del 12,5% y sus gastos del PIB destinados a la salud ascienden a más de 6 billones de USD al año, lo que representa más del 90% del gasto anual mundial destinado a la salud.