Motivos para la vigilancia de la OMC
No soporta ninguna garantía democrática en tanto que acumula los tres poderes de un Estado: ejecutivo, legislativo y judicial.
La OMC ha establecido un régimen jurídico obligatorio. Los países que ingresan en la OMC se comprometen a respetar todas sus normas y sólo pueden evitar que éstas se apliquen con el consentimiento unánime de todos sus miembros. En el caso de falta de consenso, se pone en marcha lo que se conoce como consenso negativo, un grupo de expertos elabora un informe que si no cuenta con la oposición de todos los países, es adoptado automáticamente.
Cuando se produce un conflicto comercial entre dos países, el conflicto se dirime en el órgano de resolución de controversias, que con poder ejecutivo y judicial, impone sanciones y crea su propia legislación. Para la resolución de los litigios se crea un panel (comité de expertos). Este grupo se reúne a puerta cerrada, sus decisiones son muy rápidas y, sobre todo, inapelables y están muy condicionadas por lobbys.
Provoca un empobrecimiento de los trabajadores y trabajadoras de los países del Sur.
La misión de la OMC, es asegurar que las corrientes comerciales circulen con la máxima facilidad, previsibilidad y libertad posible. A pesar de que entre sus principios se encuentra la no discriminación comercial, e incluso el favorecer a los países del Sur, el intercambio desigual se mantiene, y por otra parte, mientras que los países más ricos mantienen sus mercados cerrados a la competencia de productos del Sur, los países del Sur son forzados a la apertura.
La OMC se ha caracterizado por las reuniones de grupos autoseleccionados para negociar en privado.
El Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales (MEPC), que examina los resultados económicos de los países para asegurar su cumplimiento con las obligaciones de la OMC, es revisado cada dos años por los países de la llamada “Cuadrilateral” (Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Japón); hay un grupo de 16 países en desarrollo que lo hace cada cuatro años; y todos los demás miembros cada seis años.
De los 170 recursos presentados ante el órgano de resolución de controversias, 50 los ha interpuesto Estados Unidos apelando a la liberalización para penetrar mercados de terceros países.
Los países más empobrecidos no tienen capacidad ni económica ni técnica para presentar una queja ante el órgano de resolución de controversias y la gran mayoría de las resoluciones dan la razón a países que presenta la demanda. Un país del Sur tendría que gastar 150 millones de dólares para cumplir con las exigencias de sólo tres de los acuerdos de la OMC, cifra que supera el presupuesto anual de muchos de ellos.
No privilegia los estándares laborales ni medioambientales
La OMC nunca ha resuelto ninguna disputa comercial, que haya favorecido la defensa de estándares medioambientales o de derechos laborales: de ejemplo quede la rebaja de las legislaciones medioambientales, que han supuesto muchas de sus resoluciones.
Sirva también de ejemplo la supresión de cualquier obstáculo a la comercialización de productos modificados genéticamente, que provocó que la OMC fallara contra la UE forzándola a abrir los mercados a la carne de vacuno engordado con hormonas artificiales, dictando por este motivo sanciones comerciales contra la UE de $116,8 (en torno a 18 mil millones de pesetas).
La liberalización conlleva también el denominado "dumping social". Los países compiten entre ellos para favorecer la implantación en su territorio de las multinacionales, a través de mecanismos tales como la reducción de derechos sindicales y sociales.
La OMC favorece la privatización de los servicios públicos y la mercantilización de la vida.
Las patentes: El GATT únicamente controlaba el comercio de bienes, sin embargo la OMC legisla sobre nuevos aspectos como los derechos de propiedad intelectual lo que ha permitido a empresas transnacionales biotecnológicas hacerse con la propiedad de seres vivos (animales o vegetales) a través de la secuenciación del ADN.
También amplia sus competencias al comercio de servicios; el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS) ha supuesto la posibilidad de comerciar con servicios como la salud, la educación y el medio ambiente, posibilitando la privatización de lo que hasta ahora se ha considerado que eran servicios públicos.
Dado el papel que viene desempeñando la OMC, el sindicalismo internacional agrupado en Sindicatos Mundiales realiza un seguimiento continuo de las políticas y el funcionamiento de esta organización.