El voto en el FMI está en función de las cuotas de pago de los países, de forma que las decisiones se toman desde la perspectiva de los países ricos que son los que más cuota aportan (EEUU y la UE).
De hecho los programas del FMI la gran mayoría de las veces se aprueban sin que el parlamento nacional del país afectado esté al corriente.
Debemos señalar que de las decisiones tomadas en el Fondo dependen los trabajos decentes de muchas personas en prácticamente todo el mundo incluida España. Aunque de forma especial para los países del Sur, el FMI representa la máxima autoridad económica en tanto que cobra y presta para poder mantener el pago de la deuda externa.
Desde 1979 el FMI impone a los países endeudados, los Programas de Estabilización y Ajuste Estructural (PAE) cuyo paradigma político es la política de las “tres D”: Deflación, Devaluación, Desregulación.
Para ello, siguen este esquema de recomendaciones:
Las mujeres son las que se han visto más negativamente afectadas por los programas de ajuste estructural impuestos por el FMI. Estos programas y las políticas de "desarrollo" han impuesto la austeridad fiscal que limita el gasto público.
La privatización de los servicios públicos ha conducido:
El hecho de que las mujeres sean responsables del trabajo de cuidado de la familia las lleva a tener que intensificar el trabajo doméstico para compensar la disminución de los servicios sociales, producto de la caída de gasto público. Esto significa que los cambios en la asignación de recursos y los aumentos de productividad que se supone ocurren con programas de ajuste no toman en cuenta las transferencias de costos desde el mercado a los hogares: el factor oculto de equilibrio es la habilidad de las mujeres para absorber los shocks de estos programas a través de más trabajo o de hacer rendir los ingresos limitados.